Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha pedido información “clara y precisa” al Banco de Santander sobre la situación real de las viviendas de protección oficial del barrio de Añaza, en el municipio de Santa Cruz, y que se paralice cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles.

A través de una carta, el presidente insular afirma que la Corporación insular ha  tenido conocimiento en los últimos días de la intención de la entidad o de sociedades vinculadas al banco de no prorrogar los contratos de arrendamiento de unas 179 viviendas de VPO ubicadas en el barrio capitalino de Añaza. “Creo que no es necesario explicar la alarma social que se ha generado con estas actuaciones”, expresa el presidente del Cabildo, quien añade que “he sido testigo directo de la angustia de los vecinos por la situación que se ha originado a raíz de las actuaciones iniciadas por la entidad bancaria”.

La Corporación insular podría suprimir cualquier relación comercial y financiera con la entidad bancaria si sigue adelante con los requerimientos judiciales

Carlos Alonso indica que la Corporación insular sabe que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Santa Cruz se han puesto en contacto con el Banco de Santander para solicitar información y paralizar cualquier actuación encaminada al desahucio de las familias afectadas. En este punto, el presidente insular califica de “vital importancia” el hecho de que la situación  pueda “encauzarse adecuadamente” para evitar que familias puedan quedarse sin hogar, “lo que también es trascendente para poder seguir manteniendo una adecuada relación comercial con la entidad”.

El presidente del Cabildo recuerda que el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar que recoge diversas medidas. Entre ellas se encuentra instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos el Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial.

El acuerdo insta también a estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial.