La portavoz de Políticas Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Cruz Oval, afirmó  que difícilmente puede el Gobierno autonómico estar en disposición de hablar de una Canarias “para todos y todas” cuando el presupuesto para discapacidad no aumenta ni un solo euro en el proyecto de ley de CC-PP para 2019.

“No se puede establecer el ‘sálvese quien pueda’ en algo tan sensible como la discapacidad”, dijo la diputada del PSOE, quien defendió la necesidad de trabajar desde lo más básico, es decir, desde la accesibilidad a los centros educativos, “por lo fundamental que resulta la educación como columna vertebral que determinará que una persona, en el futuro, sea dependiente o lo más autónoma posible”.

En comisión parlamentaria, Teresa Cruz Oval recordó que el 70 por ciento de las clases que reciben los niños y niñas con discapacidad auditiva en las aulas son excluyentes debido a la ausencia de intérpretes. Igualmente preocupantes, continuó, resultan las condiciones de accesibilidad a los centros. 

“No podemos poner la pelota en el tejado solo de Obras Públicas en materia de eliminación de barreras cuando son muchos los alumnos y alumnas que deben subir en volandas, ayudados por sus compañeros, a la segunda planta del centro para poder llegar a su clase, o cuando, por ejemplo, no hay programas de voz en los ascensores, o cuando no pueden ser escolarizados en sus centros de referencia sino a 20 kilómetros de distancia porque, simplemente, no pueden acceder al centro”, explicó.

Cruz Oval hizo hincapié en la necesidad de que el plan de discapacidad dé respuestas a estas y otras carencias para las que los colectivos han venido demandando soluciones desde hace años.

COLECTIVOS ‘PRESOS’ POR LAS SUBVENCIONES

Teresa Cruz Oval hizo hincapié en que lo que es importante para un Gobierno “se demuestra con datos”. Por ello, instó a la consejera de Políticas Sociales a “decir si realmente cuenta con una estrategia canaria para abordar la discapacidad, si está en posición de contar cuántas personas con discapacidad hay en Canarias y de ellas, cuáles presentan una discapacidad física, sensorial o intelectual”.

Lamentó que desde Canarias se deba recurrir a datos nacionales y remarcó que el gran problema del archipiélago en esta materia es que difícilmente se podrá acertar con medidas si no se conoce la realidad. “Es el gran escollo que tenemos que vencer y no olvidemos que Canarias, una comunidad donde la principal industria es el turismo, presenta una tasa de actividad en personas con discapacidad de solo el 29 por ciento frente, por ejemplo, al 48 por ciento de Baleares”.

Subrayó que el empleo protegido es una necesidad, pero defendió la importancia de avanzar hacia el empleo ordinario, “algo en lo que el Gobierno canario no actúa”. También alertó de la realidad de que miles de canarios con discapacidad “estén confinados en sus domicilios por las dificultades del transporte público, con islas donde el transporte adaptado está apartado, lo que acarrea consecuencias en el acceso a la cultura o a la educación”.

En cuanto a la violencia de género, explicó que no existe un protocolo de actuación para una atención adecuada. Denunció también que el Gobierno canario haya optado por hacer recaer en el tejido social la atención a las personas con discapacidad, al tiempo que recordó que hay muchas entidades, aún a fecha de hoy, sin recibir su subvención tras once meses desde la entrada en vigor del convenio. 

“El colectivo social en materia de discapacidad está preso porque está pendiente de una subvención”, dijo la diputada del PSOE, quien abogó por “apostar por estas personas, ponerlas en el centro de la agenda política pero con hechos, porque no podemos decir que las cosas están bien cuando existen todos estos inconvenientes”.