Resultado de imagen de rosa davila

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, se ha mostrado   confiada en que la inestabilidad política que se vive actualmente en el país no frene la última fase de los trabajos para la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, aunque recordó que, "si de disuelven las Cortes, decaen todas las leyes que están en fase de tramitación".

Rosa Dávila, que estuvo acompañada por el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas, hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida para dar a conocer las observaciones del Archipiélago al documento de conclusiones remitido por el Ministerio de Hacienda en el que se recogen las aportaciones de todas las comunidades autónomas para la reforma del modelo de financiación.

La consejera recordó que la reforma es un compromiso adquirido durante la última Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017. Este compromiso se materializó en la constitución del Comité Técnico de Evaluación del Sistema de Financiación, que es el organismo encargado de reflejar las posiciones de cada una de las autonomías. Ese documento, fruto de varios meses de trabajo, fue remitido a Canarias el pasado 21 de mayo y, ayer, el Gobierno de Canarias remitió sus observaciones.

Tal y como explicó Rosa Dávila, "la posición de Canarias es que haya un acuerdo respecto a que los recursos del REF se contabilicen fuera del sistema". Además, añade que "el Archipiélago insiste, y así se ha recogido en las observaciones, que el grado de nivelación sea total, de tal forma que la financiación de los servicios públicos esenciales sea la misma para todas las comunidades autónomas".

"El Gobierno de Canarias también demanda que exista un fondo de nivelación vertical donde se recojan las especificidades de las Islas, porque el sistema de financiación actual implica que, por ejemplo, ahora exista una diferencia de hasta 2.000 euros por habitante entre Canarias y Cantabria".

Por su parte, Javier Armas detalló que, en esas observaciones, la Consejería de Hacienda insiste en que los criterios de distribución de la financiación autonómica deberán ser coherentes con las necesidades de gasto para cubrir la sanidad, la educación y las políticas sociales. "Por ello, Canarias defiende que el coste total de estas competencias debe estar integrado en el Fondo Básico de Financiación".

Asimismo, la posición de la Comunidad Autónoma es que la financiación para la atención a la dependencia debe estar plenamente integrada en el nuevo modelo.

Al respecto, Rosa Dávila insistió en que "Canarias sigue manteniendo el criterio de la población ajustada como el más idóneo para el establecimiento de las necesidades de recursos que ha de cubrir el Sistema de Financiación Autonómica. En el caso concreto de la sanidad, el Archipiélago recuerda que es conveniente incorporar como nueva variable el estado de la salud de la población".

La consejera confirmó que "cuando el Ministerio remitió el documento, aún no habían sucedido los últimos acontecimientos políticos en el país". "Ahora depende del Gobierno de España que se siga con la Agenda Canaria", añadió y anunció que "el Ejecutivo autonómico va a seguir trabajando en la reforma del REF, el Estatuto de Autonomía y el debate para la reforma del sistema de financiación".

"Los canarios debemos tener la misma financiación y estar en igualdad de condiciones con cualquier otro español, viva donde viva".

Según la consejera, "la reforma del Sistema de Financiación es un ejemplo más de que Canarias se juega mucho". "La situación política actual hace que se tambaleen los avances realizados durante esta legislatura para conseguir el reconocimiento de las especificidades de las Islas dentro de uno de los pilares del modelo económico del país". Por ese motivo, una vez más, Rosa Dávila hizo un llamamiento "al sentido de Estado y a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas".

Previsiblemente, el Ministerio de Hacienda convocará una reunión en los próximos días para analizar todas las observaciones y, después, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se deberá dar el visto bueno a la propuesta.