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Las tres medidas que el anteproyecto va a suprimir son: la posibilidad de elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por aula; el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

"Nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la mejora de la calidad del sistema educativo", ha justificado la ministra. "La supresión de esta medida y la consiguiente recuperación de las ratios en los términos que establece la ley no tiene impacto en el gasto público", ha recordado.

En cuanto a la eliminación del incremento de la jornada lectiva de los docentes, Celaá ha recalcado que no es una medida obligatoria. "Cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno", ha indicado. De esta manera, se devuelve a las comunidades la capacidad de determinar la carga lectiva de sus docentes.

La ministra ha resaltado que, en 2012, no se restó financiación a las comunidades al autorizar estos recortes. "Supuso, eso sí, un margen de ahorro de gasto para las propias comunidades que permitió paliar una parte del descenso que padecieron en su capacidad de endeudamiento", ha recordado la titular de Educación.

"Si para algunas comunidades supone un esfuerzo que no pueden asumir o no quieren hacerlo porque deciden destinar fondos para otros fines, esta norma les permite tomar sus propias decisiones, pues no impone, sino que facilita e incrementa su autogobierno", ha asegurado Celaá. En cualquier caso, el Gobierno mantendrá abierto un cauce de diálogo permanente con las comunidades autónomas y las fuerzas parlamentarias en torno a esta cuestión.

Lo mismo ocurre con la tercera medida que contempla revertir el anteproyecto, la que recorta el periodo de sustitución transitoria de los docentes. "La medida ha resultado especialmente gravosa y rígida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos", ha asegurado Celaá.