Alegoría del déficit público

La salida de ese brazo correctivo se producirá a pesar de que esperan que el país incumpla sus objetivos de reducción de déficit este año y el próximo. Sin embargo, el cierre de ese proceso no significará el final de los controles europeos y la exigencia de ajustes.

En la primavera del año que viene, con los datos confirmados por Eurostat, la UE repasará el déficit público español de 2018. Si queda por debajo del 3% y las previsiones apuntan a que tampoco rebasará ese tope en los dos años siguientes, la Comisión Europea pedirá al Consejo de la UE que cierre el expediente por déficit excesivo abierto a España en abril de 2009, que ha obligado al país al proceso de recortes más intenso de su historia.

Así, en nueve años, habrá conseguido pasar del 10,95% de déficit que registró cuando se inició ese procedimiento -el cuarto nivel más alto de una UE sacudida por la mayor crisis desde su creación- al 2,7% previsto por la Comisión Europea para este año (cálculo actualizado tras incluir la subida de pensiones pactada durante la tramitación de los Presupuestos).

Durante ese tiempo, el país ha estado bajo la lupa de las autoridades europeas, que han vigilado las cuentas y políticas económicas españolas para asegurarse de que iban enfocadas a rebajar del 3% el desequilibrio entre los ingresos y gastos públicos y a garantizar que ese tope no vuelve a superarse.

Ese control no desaparecerá al salir del déficit excesivo, pero sí se hará de otra forma y tendrá otros objetivos.

Cuando se cierre ese procedimiento correctivo, España entrará en otro diferente de carácter preventivo, cuyo objetivo es consolidar a medio plazo el saneamiento de las cuentas públicas.

Ese cambio implica que, a partir de ese momento, los avances de España se medirán a través de indicadores estructurales, que reflejan tendencias consolidadas de las cuentas públicas, independientemente de medidas puntuales o vaivenes coyunturales de la economía.

El principal indicador utilizado es el objetivo presupuestario a medio plazo, que mide la sensibilidad del saldo presupuestario al ciclo económico de cada momento.

Cuando España entre en la rama preventiva, el logro de su objetivo presupuestario a medio plazo aún estará lejos. De hecho, la Comisión Europea calcula que el déficit estructural (que excluye el impacto de medidas puntuales o temporales) se va a deteriorar este año un 0,3%, con lo que se situará en un 3,3% del PIB.

Cuanto más sensible sea ese saldo presupuestario al ciclo económico, más exigente será la senda de ajustes marcada

Sin embargo, para determinar esos ajustes, la Comisión Europea también tiene en cuenta otras variables, como el momento económico que vive el país y el nivel de deuda pública.

Así, el Ejecutivo comunitario ya ha adelantado que España deberá hacer en 2019 un ajuste estructural equivalente al 0,65% del PIB, lo que implica que su gasto público primario (que no incluye pago de intereses de deuda, ni fondos estructurales ni componentes cíclicos como las prestaciones por desempleo